No siendo voluntad del Ayuntamiento de Torija utilizar la polémica como medio para dar a conocer la actividad municipal, pero ante la noticia difundida por el periódico El Decano de Guadalajara el pasado 23 de junio, que reproduce graves acusaciones contra esta institución sin haber contrastado previamente la información con este Ayuntamiento, nos vemos en la obligación de realizar las siguientes aclaraciones y desmentir categóricamente las manifestaciones vertidas.
En primer lugar, el Ayuntamiento de Torija quiere trasladar públicamente su apoyo, solidaridad y comprensión a las trabajadoras del servicio de limpieza del Colegio Público Virgen del Amparo, quienes vienen sufriendo impagos salariales desde el pasado mes de marzo como consecuencia de los incumplimientos de la empresa adjudicataria. Somos plenamente conscientes de las dificultades personales y familiares que esta situación ha podido ocasionar y queremos reconocer expresamente la profesionalidad demostrada por las trabajadoras, que han continuado prestando el servicio.
Sin embargo, la legítima defensa de sus derechos laborales no puede amparar acusaciones infundadas contra una institución pública que ha actuado en todo momento con absoluto respeto a la legalidad vigente y al interés general.
La noticia publicada se hace eco de unas declaraciones en las que se acusa a este Ayuntamiento de haber cometido irregularidades en un procedimiento de licitación pública, insinuando que la empresa adjudicataria del contrato no había acreditado adecuadamente su solvencia económica y técnica. Tales afirmaciones son rotundamente falsas y carecen de cualquier base jurídica o documental que las sustente.
La lectura del pliego regulador del contrato determinaba con absoluta claridad la documentación que debían aportar las empresas licitadoras en cada una de las fases del procedimiento. El desconocimiento de la normativa de contratación pública no puede servir de fundamento para realizar afirmaciones de semejante gravedad.
Conviene recordar que, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y a las propias condiciones de la licitación, los licitadores no tienen que aportar desde el inicio toda la documentación acreditativa de solvencia y demás requisitos exigidos para contratar. Es únicamente el licitador que presenta la mejor oferta el que debe justificar documentalmente dichos extremos en el momento procedimental oportuno.
La empresa propuesta como adjudicataria presentó en tiempo y forma toda la documentación requerida por los pliegos y acreditó debidamente tanto su solvencia técnica como su solvencia económica y financiera, siendo, como era, una empresa de nueva creación, en los términos exigidos por la normativa aplicable. De no haber cumplido dichos requisitos, ni siquiera habría podido resultar adjudicataria del contrato.
Por tanto, resulta absolutamente falso afirmar que la adjudicación se produjo sin que la empresa hubiera acreditado su solvencia. Toda la documentación consta en el expediente administrativo y fue examinada durante la tramitación del procedimiento conforme a Derecho.
Además, la información relativa a este expediente fue puesta a disposición de los representantes del Grupo Municipal Socialista de Torija, además de resueltas sus dudas respecto al procedimiento, en relación a este expediente, al que se les dio absoluto acceso, por lo que resulta especialmente sorprendente que ahora se pretenda sembrar dudas sobre la legalidad del procedimiento.
Las acusaciones publicadas no solo cuestionan injustamente la actuación del Ayuntamiento de Torija, sino que también ponen en duda la profesionalidad y honorabilidad de los miembros del equipo de gobierno, así como de los empleados públicos municipales que participaron en la tramitación del expediente y formaron parte de la Mesa de Contratación. Conviene recordar que dichos trabajadores desarrollan sus funciones con plena objetividad, independencia y sometimiento a la legalidad, al margen de cualquier consideración política.
Respecto a la ejecución del contrato, es importante señalar que las dificultades surgidas durante su desarrollo nunca constituyeron una causa legal de resolución contractual en los términos previstos por la normativa vigente. Desde este Ayuntamiento se actuó en todo momento buscando proteger los derechos de las trabajadoras y garantizar la continuidad de un servicio esencial para un centro educativo.
Asimismo, las facturas correspondientes al contrato fueron abonadas una vez acreditado el pago de los salarios a las trabajadoras, adoptándose las medidas de control que resultaban legalmente procedentes en cada momento. Pues la imposición de penalidades iniciales económicas a la empresa, tal y como se sugiere en las declaraciones publicadas, no habría contribuido a mejorar la ejecución del contrato ni a garantizar el cobro de los salarios por parte de las trabajadoras.
La resolución del contrato se produjo en el momento en que fue notificada a este Ayuntamiento la existencia de una prohibición para contratar derivada de la situación de la empresa frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, circunstancia que obligaba legalmente a esta Administración a actuar en consecuencia.
Ante la gravedad de las acusaciones vertidas y el evidente perjuicio causado a la imagen de esta institución, el Ayuntamiento de Torija ha remitido una comunicación formal al periódico El Decano de Guadalajara, único medio donde se ha publicado, requiriendo el ejercicio del derecho de rectificación respecto de las informaciones y del titular publicados, por considerar que contienen afirmaciones falsas e inexactas que lesionan gravemente el buen nombre de esta Administración.
El Ayuntamiento considera que el ejercicio responsable del derecho a la información exige contrastar adecuadamente los hechos antes de difundir acusaciones de extrema gravedad contra una administración pública, sus empleados y sus representantes legítimos.
Asimismo, el Ayuntamiento de Torija se encuentra trabajando junto a sus servicios jurídicos para analizar el alcance de las manifestaciones realizadas y ejercer cuantas acciones legales resulten oportunas para la defensa de la honorabilidad de la institución, de los empleados públicos municipales que participaron en el procedimiento y de los miembros del equipo de gobierno.
Esta Corporación Municipal defenderá con firmeza la legalidad de todas sus actuaciones y no permitirá que se ponga en duda, sin prueba alguna, la integridad de quienes han actuado siempre con transparencia, responsabilidad y pleno sometimiento a la Ley.
Torija, 24 de junio de 2026
AYUNTAMIENTO DE TORIJA
